Santo Domingo. Un Estado que no sabe cuánto gasta en las provincias, inequitativo en materia educativa, con una democracia atrapada por prácticas clientelistas y un sistema de salud que prefiere curar enfermedades en lugar de prevenirlas.

Ése es el retrato que el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hace de República Dominicana en su más reciente investigación titulada "Desarrollo humano, una cuestión de poder".

Puesto a circular anoche en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd), el estudio tomó como punto de partida las conclusiones del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005, cuyo contenido evidenció que el desarrollo relativamente bajo de la sociedad dominicana no es fruto de la falta de recursos.

Los investigadores comprobaron que el problema está en la existencia de un estilo de crecimiento económico y ordenamiento institucional que crea riqueza reproduciendo miseria.

Y entre las causas de esa situación, citan un proceso de descentralización hecho "a la brigandina" (entre 1997 y 2007 el total de municipios y distritos municipales se triplicó) y que el Estado no sepa cuánto gasta en las provincias del país.

Pero, también que el sistema político haya creado una sociedad, en donde "lo mal hecho no recibe sanción" y con una democracia "capturada por prácticas clientelares", que en nada favorecen el desarrollo humano.

Los investigadores comprobaron que a mayor pobreza y privaciones en las provincias, una mayor proporción de la población vota y que a mayor bienestar de la población, se observa una menor participación electoral, contrario a lo que predice la teoría de que existe una asociación positiva entre la participación electoral y las capacidades de la población.

De acuerdo con el estudio, "ninguna Secretaría de Estado puede ofrecer un consolidado de su gasto total en términos territoriales".

Al mirar por dentro el funcionamiento de dos Secretarías: Educación y Salud, se revelan mayores dificultades. La investigación señala que por ser deficiente en la tarea de proveer una educación de calidad para todos, el Estado ha convertido al sistema educativo en un ente profundamente inequitativo y reproductor de la exclusión social.

Indica que las diferencias interprovinciales en cobertura son mayores que en calidad y que no hay mucha disparidad entre el nivel de repitentes ni en el resultado de las pruebas nacionales que, en sentido general, es bajo.

Del análisis se concluye que las provincias mejor situadas tanto en cobertura como en calidad educativa son: el Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Dajabón, Santo Domingo y Valverde.

Al abordar el gasto y la infraestructura de salud, la investigación señala que la inversión pública en el sector es baja y el gasto per cápita regionalmente desequilibrado.

Precisa que la mayoría de los centros de atención primaria en salud, pese a tener una buena distribución territorial en términos de infraestructura, "no cuentan con el personal, ni los equipos necesarios, lo que provoca problemas de acceso, eficiencia y equidad interterritorial".

Y deja claro que el personal médico del país es suficiente para atender las necesidades de salud, por lo que atribuye los problemas a la falta de capacidad gerencial. Como muestra, recuerda que "sólo el 17% de la demanda era atendido por el primer nivel de atención en el año 2002".

El informe considera que ha faltado voluntad política para terminar de implementar la reforma del sector salud que comenzó a mediados de los 80 y que aún no ha tenido un impacto positivo en la mejora de los servicios.

Al profundizar sobre el tema del sistema de protección y asistencia social, la investigación indica que "actualmente está en transición entre el clientelismo y el derecho".

Señala que la distribución de la población mayor de 60 años, edad de retiro marcada por la Ley 87-01, representa una proporción relativamente homogénea entre las provincias y que en cambio, la población pobre por encima de 60 años muestra una mayor heterogeneidad entre las provincias. Una persona nacida en Monte Plata tiene 4.3 veces más probabilidad de ser pobre en la vejez que una persona nacida en Santiago.

En la República Dominicana, la economía posee una dinámica que fragmenta el territorio. Así, las provincias con mayor empoderamiento económico son: el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago y La Romana.

Pero, sostiene que resulta preocupante que provincias como San José de Ocoa, Azua, Peravia, El Seibo y Elías Piña, estén generando recursos un 30% por debajo de lo esperado conforme a su capacidad.

El estudio determinó que no hay convergencia en términos de desigualdad, ya que las provincias más ricas cada vez se hacen más ricas y las pobres más pobres.

Indica que la población de la zona fronteriza registra bajos niveles de bienestar y altos niveles de privaciones, "los peores del país". Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez "muestran una tendencia al decrecimiento y pérdida relativa de población, lo que las convierte en provincias de emigración neta".

La situación de desempleo es muy desigual. Hay tres regiones con niveles relativamente bajos de desempleo: Cibao Noroeste, El Valle y Cibao Norcentral. En el otro extremo, las regiones del Distrito Nacional, Valdesia y Enriquillo son las que tienen mayor desempleo.

Cuando se midió el empoderamiento en tecnologías de la información, se comprobó que el nivel de conectividad está muy por debajo de las habilidades de la población y que en materia de uso, hay una gran disparidad interprovincial.

El Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago están a una gran distancia del resto de las provincias, tanto en redes, como en capacidad de uso efectivo de las tecnologías.

El municipio

Según la ley, los municipios deberían distribuir el 25% de sus ingresos en gastos de personal, el 40% en inversiones y obras de infraestructura y el resto en servicios. Pero, el PNUD comprobó que en la realidad, el 38% del gasto de todas las entidades municipales se destina a servicios personales. Es un recurso humano con baja formación, que en promedio dura 4.6 años en sus funciones y que conforman cerca de 52 mil empleados. El documento señala que no existe ningún documento público que sistematice con prontitud y en forma consistente las cuentas municipales, lo que convierte la ejecución del gasto en poco transparente.

La presentación del informe en la UASD

El informe fue presentado en el Aula Magna de la UASD, y las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el representante del PNUD, Mauricio Ramírez, quien dijo que representa un instrumento de análisis que evidencia las brechas sociales que afectan a la población.

Posteriormente se presentó un video sobre el informe, y luego Juan Bolívar Díaz comentó la obra diciendo que la coyuntura es precisa para que la sociedad civil y los medios reclamen nuevas normas, con eficientes sanciones, que pongan límites al enorme costo de la "adolescente democracia".

Acto seguido, el presidente de la Fundación Solidaridad, Juan Castillo, comentó los artículos 1 y 2 del informe, y luego el director ejecutivo del Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare), Marcos Villamán, presentó un comentario elaborado por Temístocles Montás, quien no asistió.

Villamán dijo que con el concurso del Gobierno, cabildos, sector privado y sociedad civil se podría crear un fondo de convergencia social para enfrentar las inequidades territoriales que evidencia el informe.

Las palabras de clausura fueron pronunciadas por el coordinador nacional de la oficina del PNUD, Miguel Ceara-Hatton, quien dijo que los medios y las técnicas para conseguir el desarrollo existen y son conocidas.

"Los recursos están disponibles y es un problema de prioridades", destacó.